Alfredo Cardona Tobón
Al caer el
gobierno radical del estado federal de Antioquia, presidido por Pascual Bravo,
las nuevas autoridades conservadoras se prepararon para rechazar la inminente
arremetida de la administración central, que en forma alguna iría a permitir
que sus oponentes políticos le arrebataran,
por las armas, una región tan importante.
En 1863 el
presidente de los Estados Unidos de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera, estaba muy ocupado en la frontera sur
conteniendo una invasión ecuatoriana, y los liberales antioqueños, aunque
derrotados, se reorganizaban para a retomar el poder con el apoyo de
Mosquera, una vez que regresara a la capital de la República.
Para contener
la rebelión liberal, el nuevo presidente de Antioquia, Pedro Justo Berrío, emprendió una campaña contra todos aquellos
que se oponían al régimen; con la tesis de una ofensiva defensiva e invocando
el derecho de gentes, Pedro Justo atacó
el norte del Estado del Cauca con tropas
de Manizales que penetraron hasta más allá de Santa Rosa de Cabal y pusieron en
fuga al destacamento de la pequeña población de Villamaría, en los límites del
Estado.
CONMOCIÓN
INTERNA.
El 9 de
febrero de 1864 la Secretaría de Guerra de Antioquia ordenó a los Jefes Civiles
y Militares de los municipios la captura de todos los ciudadanos que
representasen algún peligro, y no solamente los liberales radicales, sino
también a los conservadores apáticos, y llenaron la cárcel de Medellín.
A ojos vistas
era una pelea de toche con guayaba madura,
el choque de las tropas bisoñas de Antioquia con los veteranos que
regresaban del sur, cubiertos de laureles, hacían presentir el mayor de los
desastres. La moral de los reclutas anatioqueños estaba por el suelo y las deserciones se multiplicaron en sus cuarteles.
Para evitar la
desbandada, el gobierno antioqueño estableció drásticas medidas: persiguió sin
contemplaciones a los que abandonaron las
filas, apresó a quienes propalaban rumores derrotistas y llevó a prisión a
todos los comprometidos en la compra de
armas, municiones y bagajes por fuera de la ley.
En un decreto
expedido en enero de 1864 el gobierno exigió contribuciones en dinero y en
especie a los rebeldes y a los indiferentes; autorizó las apropiaciones de los
objetos necesarios para sostener al ejército aún sin presencia del dueño;
ordenó el enrolamiento de quienes hostilizaran de palabra o por escrito al
régimen y condenó a Consejo de Guerra a los informantes y auxiliadores de los
conspiradores. El gobierno de Berrío, dispuso, además, en ese decreto, que toda
muerte causada por un rebelde se juzgaría como asesinato.
Ante la
inminencia de la guerra, Manizales cobró
inusitada importancia: dejó de ser una aldea de negocios de cacao y un sitio
lejano para desterrar prostitutas y ladronzuelos y se convirtió en la avanzada
más poderosa de Antioquia. El 13 de
enero de 1864 Pedro Justo creó el
distrito de notaría en la población, autorizó la conformación de una columna
militar con asiento permanente en Manizales y el 24 de abril nombró a Alejandro Uribe V, como
Prefecto del departamento de Sonsón y según el Decreto, podía residir en cualquier distrito del
departamento, pero la mayor parte del tiempo en Manizales.
OTRAS MEDIDAS.
En el mismo
día de su posesión el Prefecto Uribe cerró
la frontera con el Cauca, cortó la comunicación con otros estados e impidió el
paso de los ciudadanos hacia el Ruiz y más allá del río Chinchiná. El comercio sufrió enormes restricciones: el
cacao podía entrar pero con altísimos aranceles y los arrieros no podían
regresar con sus mulas al lugar de origen. En abril solamente las personas con
pasaporte expedido por el Prefecto podían circular por los caminos de Manizales
y el gobierno ordenó revisar la correspondencia que llevaran los transeúntes y
confiscarla y enviarla a Medellín si la autoridad la consideraba lesiva a los
intereses de Antioquia.
Además de lo
anterior se prohibió la introducción de periódicos o comunicados que chocaran
con el gobierno antioqueño o con la
doctrina católica. Con todas esas disposiciones se aisló a Manizales y al
Estado de Antioquia y una cortina separó a
los antioqueños del resto de la nación.
CONVENIO DE
PAZ.
Era tal el
pavor que inspiraba Mosquera, que el 25 de abril de 1864, el presidente Berrío
dijo en Manizales: “Si dentro de cuatro días
no viene el reconocimiento del gobierno central, será necesario ir a
morir en la sabana de Bogotá, antes que Mosquera regrese de Guaspud”.
Por fortuna
para los paisas, un nuevo presidente
regia los destinos de los Estados Unidos de Colombia y Murillo Toro, al contrario de Mosquera, no
estaba interesado en luchar contra Antioquia y en consecuencia facilitó un arreglo
con Berrío imponiéndole algunas condiciones,
tales como su desarme y el retiro de los asilados del Cauca en
territorio de ese Estado a una distancia no menor de 15 leguas de la frontera.
El 6 de mayo
Berrío se dirige al pueblo antioqueño y
le da la buena nueva: ya no habrá guerra, vendrá la paz y el respeto
mutuo, se concede amplia amnistía a los comprometidos en hechos políticos, los
soldados dejan el fusil y vuelven a sus barbechos en tanto que el clero se
fortalece y cogobierna con los llamados
Restauradores.
Habrá doce años
de paz, pero el fanatismo y la intolerancia siguen aguzando las lanzas y en
1876 Antioquia vuelve a la guerra y más
rios de sangre inundarán a Colombia.
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